Mientras los gastos de la aplicación de la ley de inmigración aceleran bajo el Presidente Donald Trump, informes nuevos muestran niveles de detenciones récord, expandiendo rápidamente la infraestructura y subiendo los costes del contribuyente — provocando debate renovado sobre si estas inversiones reflejan las prioridades del país. 

Un informe de 2026 del American Immigration Council encuentra que el Congreso autoriza $45 mil millones en financiamiento nuevo de detención en julio del 2025. El informe advierte que, si implementado completamente, el sistema de detención podría más que triplicarse en tamaño durante los siguientes cuatro años. 

Datos distintos compilados por el American Immigration Council estima que la cantidad de dinero gasta en solo un año del régimen de millones de deportaciones sería suficiente para cubrir más que 12 veces el presupuesto anual de la investigación del cáncer del National Institute for Health. 

Un informe de enero de 2026 de Human Rights First sobre los vuelos de ICE documentó una subida dramática en vuelos para remover o trasladar detenidos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, o ICE, durante el primer año del segundo mandato de Trump. Entre 20 de enero de 2025 y 20 de enero de 2026, el proyecto siguió 14.426 vuelos de aplicación — una subida del 89 por ciento. 

Ese total incluye vuelos de deportación y traslados nacionales. El desarrollo más grande ocurrió en traslados nacionales, o “vuelos barajados,” vuelos que trasladan las personas ya en la detención de ICE entre centros de detención por todo el país. El informe recordó 9.066 vuelos barajados nacionales durante el primer año del segundo mandato de Trump, una subida de 132 por ciento comparado al año anterior. En enero de 2026, 1.100 vuelos traslados nacionales ocurrieron. 

Los vuelos de deportación fueron documentados por Human Rights First en 2.253 vuelos de extracción durante el mismo periodo de enero a enero — una subida de 46 por ciento — incluyendo 187 vuelos de deportación en enero de 2026. El informe siguió vuelos de extracción a 79 países, reflejando el alcance global de las operaciones de deportación de los EE. UU.

Se ordena a los auxiliares del vuelo privar a los pasajeros de aviones de ICE de necesidades, incluyendo comida y agua, según Human Rights First, una organización de derechos humanos internacionales. 

Human Rights First también dice que los individuos en vuelos de extracción usualmente están restringidos con grilletes en la muñeca, la cintura y el tobillo. Vuelos internacionales de larga distancia pueden durar más de 30 horas, incluyendo paradas y recargas de combustible. El informe también notó una subida en extracciones al país tercero — deportaciones a países donde los individuos no son ciudadanos, lo que tiene potencial para plantear preocupación del debido proceso. 

Elena Casillas-Hoffman, especialista de comunicaciones con Iowa Migrant Movement for Justice, dijo que, en Iowa, esos datos plantean preguntas de lo que el gobierno federal está priorizando. 

“Ha hecho abundantemente claro que el enfoque ha sido en expandir y avanzar la red de deportación,” dijo Casillas-Hoffman. “Gastar dinero en la red de deportación no nos hace más seguros.” 

Casillas-Hoffman apuntó al aumento amplio de gastos dentro del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU., diciendo que la escala de inversión envía una “señal muy clara” sobre las prioridades nacionales. 

“Sabemos lo que necesitan nuestras comunidades,” dijo ella. “Nos encantaríamos ver dinero invertido, aquí en Iowa, en la calidad del agua — cosas que pueden actualmente crear cambio duradero y sostenible para nuestras comunidades.” 

En Iowa, Casillas-Hoffman dijo que el impacto de aplicación ampliado es visible incluso cuando las redadas a gran escala no dominan el resumen de noticias. 

“ICE absolutamente está activo en Iowa,” dijo ella. “ICE absolutamente está deteniendo a personas en Iowa y ICE absolutamente está deportando a personas de Iowa.”

La especialista de comunicaciones dijo que las familias están luchando con detenciones inesperadas y el trauma que sigue. 

“Las familias están arruinadas,” dijo ella. “La gente tiene que tomar decisiones muy terribles sobre cómo no separarse de su familia, como seguir trabajando, como cuidar a los niños después de la deportación de un padre.” 

Fuera de los costos financieros y logísticos, dijo que el costo emocional es profundo. 

“‘Estoy aterrorizado. Tengo mucho miedo’ — eso es lo que oímos,’ dijo Casillas-Hoffman. “La gente tiene miedo de ir al trabajo. Los niños tienen miedo de ir a la escuela. La gente tiene miedo de ir a la iglesia.”

Casillas-Hoffman dijo que redirecionar solo una porción de los mil millones que están asignados por detención ampliaría servicios legales y estabilizaría familias. Dijo que hay aproximadamente 3.000 inmigrantes y refugiados por cada uno proveedor de servicios legales de inmigración, dejando a muchos sin representación mientras sube el número de detenciones y deportaciones. 

“La necesidad de servicios legales de inmigración nunca ha sido más alta,” dijo ella.

Impacto económico en un ambiente cambiando 

Jessica Malott, una abogada de inmigración en Iowa City, dirige un despacho de abogados pequeña y privada en el que los efectos de limitaciones en el número de empleados se intensifican. 

“Cuando tomas un caso nuevo y alguien es detenido, podrías tomar múltiples casos, muy probablemente, como pedir fianza,” dijo Malott. 

Kaitlin Hall, la directora de operaciones en Malott Law, dijo en una declaración a The Daily Iowan que su bufete cobra honorarios iniciales de consulta que cambia depende del caso, porque cada caso tiene sus propias circunstancias y historia procesal únicas para navegar. 

Hall dijo que los casos que requieren un expediente federal de hábeas generalmente cuestan más que otros tipos de casos por el tiempo que se tarda para navegar el proceso legal y el atraso del tribunal. 

Según el Brennan Center for Justice, un expediente federal de hábeas ocurre cuando alguien que es detenido desafía su detención en el tribunal. 

En el Distrito Sur de Iowa de los EE. UU., el costo para presentar un caso federal de hábeas es un honorario de $5. Sin embargo, el costo del representante legal puede variar, intensificando el precio dependiendo del honorario cobrado por un bufete. 

En Malott Law, Hall dijo que estos casos se facturan por horas y el costo es la responsabilidad del cliente porque es un bufete privado. 

El costo aplicar para la residencia permanente legal, el asilo y la ciudadanía frecuentemente afecta a los clientes también. 

Malott dijo que hay vías diferentes que los inmigrantes pueden tomar para obtener la residencia permanente legal en los EE. UU., incluyendo peticiones basadas en familia donde un padre o un esposo estadounidense solicita de parte de un esposo extranjero.

El costo de estas aplicaciones pueden variar. Según el sitio web del ICE, el costo de un I-130, o una petición basada en familia, es $675 si presenta por papel y $625 si presenta por online. 

Muchos presentan peticiones humanitarias, como aplicar para asilo. Malott dijo que esto es común con las víctimas del abuso. 

“Hay un desequilibrio de poder muy grande allí,” dijo Malott. “Por ejemplo, un esposo estadounidense decidió no ayudar a su esposo aplicar para la residencia permanente legal, pero eso es parte del ciclo de poder y control en esa situación.”

Muchos individuos utilizan recursos pro bono, o servicios legales gratuitos prevenidos por un bufete, para combatir el costo. 

Hall dijo que muchos de los recursos pro bono de Malott Law frecuentemente son reservados por las víctimas de la violencia doméstica o el tráfico. 

Un individuo aplica para el asilo cuando están en los EE. UU., dijo Malott. Cuando un individuo solicita estatus de refugiado, es de otro país. 

Según el sitio web de ICE, el costo de I-589, o la aplicación para asilo, es gratis. Una tarifa de asilo anual de $102 tendrá que pagar después de presentar la petición mientras permanece pendiente. 

Malott dijo que está alterada para sus clientes y lo que cualquier inmigrante está pasando por ahora. 

“Ha sido esto por mucho tiempo y simplemente no es justo,” dijo Malott.

Creciendo como hija de militar, Malott se interesó al principio en la ley de inmigración cuando su familia se mudó a Caracas, Venezuela. 

Estudiando español en la universidad, creció el interés de Malott en el campo legal. Durante sus tres años de estudio de la ley, Malott trabajaba por el Iowa Coalition for Domestic Violence, una organización sin fines lucrativos que ayuda a los que han experimentado la violencia doméstica, y aprendía de inmigrantes que eran víctimas del crimen en los EE. UU. 

“Trabajando allí abrí los ojos a algunas áreas específicas de la ley de inmigración que actualmente no había contemplado antes,” dijo Malott. 

Durante su tiempo con la coalición, Malott conoció inmigrantes cuyo esposo estadounidense les abusó y la posición vulnerable en la que les situó. 

Ahora, con más de 15 años de experiencia como abogada de inmigración, Malott ha visto los efectos del ambiente cambiante de inmigración en los emigrantes, los contribuyentes estadounidenses y abogados en el campo. 

Malott ha experimentado muchos cambios en la política hecho por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, una parte de los tribunales de inmigración contenido en el Departamento de Justicia de los EE. UU., cambiando como parecen los tribunales de inmigración. 

Malott citó el caso federal de inmigración del asunto de Yajure Hurtado, un caso que dictaminó la inmigración federal no tuvo la jurisdicción para conceder un audiencia de fianza ni fianza de subvención si estén en los EE. UU. ilegalmente, según la American Immigration Lawyers Association.

Según el Servicio del Ciudadanía y Inmigración de los EE. UU., la presencia ilegal significa entrar en los EE. UU. sin ser admitido legalmente, dejado en libertad condicional o quedar más tiempo que autorizado. 

El 19 de febrero, el caso fue revocado después de la resolución por Sunshine Suzanne Sykes, una juez en el Distrito Central de California, restableciendo el derecho de los detenidos para solicitar fianza.

Malott dijo que cambios en la política como esto cambiarán el ambiente legal.

“Por revocar estos casos, significaría que todo el mundo que normalmente sea elegible para fianza debe ser elegible para un audiencia de fianza,” dijo Malott.

Para que se conceda fianza a un individuo, dijo Malott, se considera su historial delictivo, comparecencias previas, riesgo de fuga o peligro a la comunidad son considerados. 

Malott dijo que un aumento en audiencias de fianza inundará los tribunales de inmigración, lo que siguen a ser atrasados. 

Según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, los tribunales de inmigración a escalas nacional tuvieron más de 700.000 casos completados en los primeros 11 meses del año fiscal de 2025.

A nivel nacional, el debate sigue sobre si los gastos aumentados de aplicación fortalezcan la seguridad pública o desvíen recursos de otras necesidades urgentes. La administración ha defendido sus acciones como necesarias para restaurar el orden y ejecutar la ley de inmigración, mientras los críticos argumentan que la escala de los gastos refleja una estrategia punitiva en vez de pragmática.

Con niveles récord de detenciones, vuelos de aplicación aumentan casi 90 por ciento y mil millones de dólares autorizados para infraestructura de detención, la trayectoria de la política de inmigración federal — y su impacto fiscal — parece listo para aumentar más en los próximos años. 

Casillas-Hoffman dijo que estas acciones de la administración de Trump no van a hacer el país ni Iowa más seguros ni mejores. 

“Ha sido claro, y sigue siendo claro, dónde están las prioridades de esta administración,” dijo Casillas-Hoffman. “También envía un mensaje claro sobre a quién van por. No van a por un tipo específico de inmigrante; van a por todos los inmigrantes.”

Traducido por Isabelle Foland